Lejos queda aquel cese mundial de hostilidades acordado el 1 de junio de 2020 por el Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta al llamamiento de alto el fuego solicitado por su secretario general, António Guterres, tras la declaración de la pandemia del covid-19 para garantizar la distribución segura de asistencia humanitaria.
Ese momento de lucidez permitió dimensionar la importancia de una acción cooperativa y coordinada ante las verdaderas amenazas que se ciernen sobre la humanidad, pero duró poco.
Hoy, según datos del Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), hay activas 56 guerras, con 92 países involucrados más allá de sus fronteras, situándonos en el período con más conflictos activos desde el final de la II Guerra Mundial.
Una situación que arrojó en 2023 la friolera de 162.000 muertes y 95 millones de personas refugiadas o víctimas de desplazamientos internos y el empeoramiento de la situación de 97 países, según el Institute for Economics and Peace.
Vivimos un momento crítico en términos civilizatorios en el que de nuevo la guerra, al servicio de intereses geopolíticos y económicos de unas reducidas élites, se impone como mecanismo de política exterior, con el beneplácito de unas sociedades que, para ello, deben interiorizar el supuesto riesgo de la amenaza para asumir después los sacrificios necesarios para hacerle frente al calor de un belicismo que llaman cultura de la seguridad. En ese momento de propaganda estamos en Occidente.
Ante esta situación, se debe tomar partido. No caben equidistancias. O asumimos la cultura de la militarización y la guerra como único camino posible o abrazamos otra forma de entender las relaciones entre pueblos y nos rebelamos frente al furor bélico impuesto. O nos resignamos a la guerra o militamos para la paz. Desde Izquierda Unida lo tenemos claro, más aún tras escuchar al nuevo secretario general de la OTAN pedir incrementos del gasto militar a cambio de sacrificios de derechos básicos como la salud o las pensiones, pues las bombas y los drones tienen un precio, un alto precio.
Porque no debemos equivocarnos, las guerras, además de ser el fracaso más flagrante de cualquier sociedad, son siempre un enorme negocio. Pero quizá, lo más preocupante, es escuchar a nuestros gobernantes tratar de convencernos de las oportunidades que entrañan las guerras.
Un ejemplo de esta aberración política lo representa muy bien la escena que el pasado 11 de diciembre nos brindaron el Presidente del Gobierno de Aragón, la alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón con la presentación de un Hub de Defensa en Aragón, un proyecto que definieron como una «oportunidad única para Zaragoza y Aragón y su crecimiento social y económico». El mundo al revés.
La iniciativa parece que se viene fraguando a oscuras desde hace dos años por las administraciones local, autonómica y central. Poco importa para Azcón y Chueca la inexistencia de competencias industriales en lo militar para destinar tiempo y dinero a dicho propósito del que ya hemos exigido toda la información en Aragón y en Madrid, así como un análisis sobre sus implicaciones en términos de hipotecas, servidumbres y seguridad.
Las incógnitas son muchas, pero algunos de los protagonistas o beneficiarios de este proyecto son viejos conocidos, como Instalaza que ya se ha visto recientemente beneficiada por el Gobierno de Aragón. Hablamos de empresas de armamento cuyas cuentas de resultados y beneficios no reflejan el indeleble rastro de sangre que sus productos dejan como muestra de su saber tecnológico.
Azcón, Chueca y Robles están usando mucha propaganda para vender este hub a la sociedad aragonesa y hacerle corresponsable de este nuevo giro de la colaboración público-privada, dirigido a recortar en derechos para financiar una escalada bélica en el mundo y cuyas consecuencias más terribles se sufren a diario en Ucrania, Sudán o Gaza, por ejemplo.
De momento, lo que queda claro de los eufemismos que repiten, como «emprendimiento disruptivo» o «ecosistema transversal», es su intención de imponer un consenso belicista incompatible con el compromiso social e institucional aragonés con la cultura de la paz que debe concretarse en la educación e investigación para la paz, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, la promoción del diálogo, la acción no violenta y la mediación, tal y como mandata la Ley 8/2023 de Cultura de la Paz en Aragón.
Alvaro Sanz Remón, Coordinador General y Portavoz parlamentario de IU Aragón
Artículo publicado en El Periódico de Aragón el día 10 de Enero de 2025
Comentarios recientes