Vivimos en un país que ha cimentado su democracia sobre cientos de miles de fosas comunes. En número de desaparecidos forzosos solo nos supera Camboya en el mundo. Y aun así, después de 40 años de democracia, seguimos enzarzados en debates que sostienen la pertinencia de la equidistancia para seguir legitimando la impunidad del franquismo. En pleno 2018 sigue siendo necesario defender lo evidente. Una democracia no puede sostenerse sobre la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las víctimas de una dictadura de carácter fascista. Es por ello que, tras décadas de impunidad, hemos creído necesario trabajar en un proyecto legislativo que aborde de una vez por todas la necesidad urgente de paliar esta barbarie para garantizar verdad, justicia y reparación a las cientos de miles de víctimas de un régimen que Paul Preston definió como el “Holocausto español”.

El pasado 29 de junio de 2018 presentamos una Proposición de Ley Integral de Memoria Democrática y reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la transición. Una ley elaborada con las entidades memorialistas cuyo contenido vienen reclamando antes y después de la aprobación de la conocida como “ley de memoria histórica” de 2007. Un proyecto que se demostró insuficiente ya que tras su entrada en vigor continuó perpetuando la situación de vulnerabilidad y desamparo de las personas que sufrieron la represión de la dictadura.

Nuestra propuesta permite acabar con la impunidad partiendo de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad como principio básico, permitiendo así que se puedan investigar y juzgar los crímenes del franquismo, garantizando el fin de la privatización de las exhumaciones de fosas comunes que se realizarían a través de los órganos judiciales y declarando nulos los consejos de guerra y sentencias franquistas. Es decir, aplicando las recomendaciones de la ONU y las convenciones internacionales en materia de persecución de crímenes contra la humanidad. Para ello, además, volvemos a abordar la cuestión de la nulidad de la Ley de Amnistía a partir de la eliminación de dos epígrafes que contravienen la legislación internacional antes mencionada y cuya lamentable interpretación por parte de los tribunales de justicia hace imposible en la práctica que el franquismo sea juzgado y, por tanto, sus víctimas reconocidas como tales.

En 63 artículos y 13 disposiciones adicionales se ha elaborado todo un nuevo marco legislativo, que creemos imprescindible para considerarnos una democracia que deje al fin atrás los legados persistentes de la dictadura, abordando el fin de la impunidad a partir de múltiples medidas concretas. Para nosotras, por ejemplo, el problema que plantea la existencia del Valle de los Caídos ha de atajarse a partir de una solución política de calado que no pasa únicamente por el gesto, necesario pero excesivamente tardío, de exhumar al dictador de un espacio de honor que según el derecho canónico está únicamente reservado a los Papas. El Valle ha de renombrarse para volver a su denominación original y pasar a convertirse en un lugar de memoria democráticaque transmita lo que supusieron los crímenes del franquismo y, en particular, lo que fue para miles de presos políticos trabajar durante años en la construcción de la faraónica tumba del dictador. Para ello ha de resignificarse, eliminando todos aquellos elementos que mantengan un carácter unívoco de exaltación del franquismo y, por tanto, contrarios a los valores democráticos. Entendemos así imprescindible la retirada de la colosal cruz que, a modo de espada clavada en el centro de la Península, simboliza la criminal victoria de la “cruzada nacionalcatólica”. Por tanto, la desacralización del mausoleo y la consecuente recuperación de la gestión por parte de su legítimo propietario, que es Patrimonio Nacional, son también elementos fundamentales de esta propuesta.

En el caso de la trama de bebés robados que se perpetró en nuestro país durante el franquismo, la transición y la década de los noventa, hay que garantizar la imprescriptibilidad del delito y la obligación de las autoridades eclesiásticas de abrir sus archivos a las personas que estén buscando sus orígenes o a sus familiares sustraídos. Además, se ha de crear un banco de ADN que facilite el reencuentro familiar, así como una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos.

Y las reparaciones no solo han de ser políticas y morales sino también económicas. En un momento en que sigue vigente el ducado de Franco y la usurpación de la propiedad del Pazo de Meirás por parte de la familia del dictador es urgente que, a la vez que acabamos con tales infamias, no sigamos desamparando a quienes han venido sufriendo un quebranto económico endémico por formar parte del masivo colectivo de los “vencidos”. Para ello, es fundamental establecer un censo de empresas y personas jurídicas de carácter privado que se hubiesen beneficiado del trabajo forzoso así como reconocer el derecho a una indemnización a quienes sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977.

Nuestro proyecto considera contraria a la ley la exaltación del franquismo, la existencia de símbolos apologéticos tales como títulos nobiliarios, así como también las actividades de la Fundación Francisco Franco, que debe devolver la documentación pública que estén custodiando a su legítimo propietario: el Estado. Así mismo, es imprescindible la reforma del artículo 510 del Código Penal para incluir las humillaciones a las víctimas del franquismo como delito de odio.

Introducimos un Día Oficial de homenaje a las víctimas que calendarizamos en el 8 de mayo, día de la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial para contextualizar el franquismo en el contexto europeo del surgimiento de los fascismos y, así mismo, celebrar la victoria de las resistencias antifascistas que también protagonizaron muchos republicanos españoles, como Amadeo Granell y sus compañeros de La Nueve que liberaron París del nazismo, o como la liberación protagonizada por los presos republicanos de Mauthausen, víctimas del horror nazi y de la deportación por la condición de apátridas que les impuso la dictadura militar franquista.

No nos olvidamos de la guerrilla antifranquista, a la que queremos asimilar a las condiciones de quienes formaran parte del ejército de la República. No olvidamos a las mujeres doblemente victimizadas por su condición de clase y género. No olvidamos a las personas que por su identidad, orientación o expresión sexual sufrieron la represión. Tampoco a comunidades que fueron perseguidas y estigmatizadas, como la judía o la gitana. Y, por supuesto, no olvidamos a quienes padecieron discriminación y prohibición expresa de expresarse en su lengua materna a pesar de ser también nuestras lenguas: gallego, catalán, vasco… En definitiva, reconocemos la diversidad de la represión franquista y les dedicamos un espacio de reparación a todos ellos.

No sorteamos una de las exigencias que atraviesa diversos ámbitos de aplicación de la ley y exigimos tajantemente la denuncia y derogación del Concordato y Acuerdos con la Santa Sede, cuyo origen se circunscribe a 1953 y su esencia es eminentemente franquista en consonancia con el espíritu de la cruzada nacionalcatólica de la dictadura.

En conclusión, esta es una ley que aborda la justicia, la verdad y la reparación como pilares fundamentales de un nuevo país cuya democracia nunca más se sustente sobre fosas comunes, sino sobre el principio de la no repetición de la barbarie fascista. Porque desde Izquierda Unida no aspiramos tan solo a exhumar a Franco sino, por fin y después de 40 años de impunidad, a enterrar definitivamente el franquismo.

Alberto Garzón Espinosa es el coordinador general de Izquierda Unida y Esther López Barceló, es responsable de memoria democrática de Izquierda Unida.

La fotografía corresponde a la Publicación en La Marea (Reuters/Susana Vera)