El 25 de Noviembre de 1936, la Generalitat de Cataluña, aprobó el decreto que, por primera vez en este país, legalizaba el aborto en las 12 primeras semanas. Hacía ya 4 meses que la sublevación franquista había provocado la guerra. Ese mismo mes el Gobierno de Largo Caballero había nombrado Ministra de Sanidad a Federica Montseny que, de inmediato, empezó a trabajar sobre un proyecto de Ley que despenalizara el aborto en todo el territorio. No pudo hacerlo porque el avance franquista lo impidió. Sin embargo Montseny facilitó y permitió que el decreto catalán se aplicara en todo el territorio que seguía siendo republicano.
El texto establecía como causas justificadas para la práctica del aborto razones terapéuticas (enfermedad física o mental de la madre que contraindicase el parto), genéticas (graves enfermedades hereditarias e incesto) y éticas (deseo consciente de limitar voluntariamente la natalidad). En este último caso, la interrupción del embarazo se realizaría a petición de la interesada, sin que la familia pudiera presentar reclamación alguna.
La derecha reaccionaria, espoleada por la jerarquía de la Iglesia católica, lanzó una dura campaña contra el derecho al aborto y contra quienes lo defendían.
Podemos leer, ya están para eso las hemerotecas, como se definían el decreto del aborto como “el ansia devoradora del comunismo judío para exterminar España”. O como se calificaba de asesinos/as a quienes “no se satisfacen con la muerte y la matanza de los que han nacido, sino que quieren exterminarlos antes de nacer”.
En la España franquista que siguió a la guerra los mensajes eran contundentes. El aborto se consideraba un asesinato, un crimen de lesa humanidad. Se argumentaba la injusticia inadmisible que era condenar a un ser a no nacer. Se proclamaba a los cuatro vientos, especialmente desde los púlpitos y las emisoras de radio, que la mujer que voluntariamente abortara perdía el más justo título que puede alcanzar en el cumplimiento de su divino papel, el de ser madre.
Hasta 1936, la única regulación sobre el aborto que existía en este país, era la que establecía el código penal de 1822 que imponía penas de cárcel, podían alcanzar los 14 años, para profesionales que lo facilitaran y de hasta 8 años para las mujeres embarazadas que abortaran.
Quienes vencieron en la guerra, además de quitar todos los derechos de las mujeres, prohibieron expresamente el aborto para lo que, en enero de 1941, proclamaron la Ley para la Protección de la natalidad, contra el aborto y la propaganda anticonceptista (BOE n.º 33 de 2 de Febrero de 1941)
Nos llevan un siglo atrás. Volvemos, una y otra vez, a lo mismo. La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Natalia Chueca, aprobó una moción, propuesta por VOX y apoyada obedientemente por el PP, que declara a Zaragoza como “ciudad a favor de la vida” y convierte a nuestra ciudad en un referente antiabortista.
La moción que han aprobado recurre a esos eufemismos de la derecha; de la ultra y de la más ultra, de la jerarquía católica y de lo más retrógrado y carpetovetónico de nuestra sociedad, que niega el derecho de las mujeres a decidir, y que blanquean sus claras posiciones antiabortistas dándoles ese barniz de «protección del embarazo», de «apoyo a la mujer embarazada» y de «protección a las familias».
Lo aprobado, plagado de afirmaciones sesgadas y trufado de esa ideología de la ultraderecha que odia a la mujer y pretende dejarla sin derechos, por encima de todo criminaliza el aborto y a las mujeres que lo practican.
La moción, además de proclamar el derecho a la vida y a proteger a quienes todavía no han nacido, contiene afirmaciones tan aberrantes como que el «aborto, en algunos casos, es una medida anticonceptiva». Tiene, también, el toque propio de estos días cuando afirma que «es Navidad y nuestra tradición cristiana nos empuja a ayudar y a proteger a los más débiles e indefensos. No hay nadie más inocente que un bebé y, sobre todo, aquellos bebés que todavía no han nacido».
Perdonen un inciso. Pero no puedo evitar denunciar el cinismo de estas gentes, que presentan y aprueban mociones preocupadas por las vidas de bebés no nacidos, pero apoyan el régimen genocida israelí y son insensibles ante la matanza diaria de niños y niñas palestinos.
Volviendo al tema. VOX propone, y el PP aprueba y dispone, que se implante un servicio municipal de información y asesoramiento permanente para convencer a las mujeres de no abortar. Un programa de charlas informativas sobre el derecho a la vida en centros cívicos, sociales y culturales y, para acabar, no se les olvida, tampoco, aportar fondos para esos chiringuitos antiabortistas que son las organizaciones «pro vida» cuyo objeto social sea precisamente éste, el de defender la vida de los niños no nacidos”.
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza nos devuelve a 1937, cuando el ejército franquista derogó en toda la “zona nacional” el derecho al aborto que regía en la España Republicana.
La semana pasada, en el Ayuntamiento de Zaragoza, se vivió un ataque profundo contra el derecho a decidir que tienen las mujeres. El aborto es un derecho, y como tal, debemos defenderlo. No perdamos el tiempo en justificarlo. Lo sucedido en el pleno municipal no es solamente un ataque a un derecho de las mujeres. Es un paso más en la lucha de la ultraderecha por imponernos su marco ideológico profundamente conservador, reaccionario y trasnochado.
Por eso, con la complacencia del PP, nos llevan al siglo pasado, a esa España oscura y gris del NODO franquista. A antes de 1985 que es cuando se aprobó en esta España Constitucional la primera ley del aborto de la democracia.
Adolfo Barrena Salces, Director Ejecutivo Fundación 14 de Abril
Artículo publicado en El Periódico de Aragón el 31 de Diciembre de 2023
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