Ante el ruido interesado y la demagogia generado en el debate público sobre el impuesto de Sucesiones en Aragón, es preciso ser claros.

Hace apenas dos meses el Gobierno de Aragón reconocía en un informe que en 2017 tan solo 4.734 declaraciones han salido a pagar. ¿Esto qué supone? Sencillamente, que más del 90% de parejas, madres, padres, hijos e hijas herederas no han pagado nada por su herencia. ¿Cómo es eso posible? Porque en Aragón, según el mismo informe, la media de lo heredado es de menos de 54.000 euros, importe por el cual no se debe pagar nada a la Hacienda pública y menos con la multitud de reducciones existentes según el vínculo familiar con la persona fallecida.

Luego, siendo claros, tenemos que poner en evidencia la campaña de manipulación que, a cuenta del impuesto de Sucesiones, se está viviendo en nuestra Comunidad. No, no es verdad que nos afecte a todas, allí están los datos. No, no es verdad que modificar el impuesto beneficie a la mayoría social. Por el contrario, la reforma implica la pérdida de más de 40 millones de euros, imprescindibles para satisfacer servicios básicos cuyo recorte sí afectará a la mayoría.

No, no es verdad que suponga un doble gravamen; simplemente grava el enriquecimiento sobrevenido, no el patrimonio ganado por una misma, además, cotizando por ese enriquecimiento menos de lo que se cotiza por los rendimientos de trabajo (IRPF). Y no, no es injusto por cuanto grava, progresivamente, a quien heredando más de 150.000 € tiene un patrimonio preexistente superior a 402.000 € y no puede verse beneficiado de reducciones.

¿Dónde está el problema entonces? Claramente está en las quejas de una minúscula parte de la sociedad, la más rica. En ese 10% que representan quienes tienen mucho y heredan mucho.

Los impuestos no son populares, ni a nadie nos resultan cómodos de pagar, pero es con ellos con los que se garantiza la educación pública, la sanidad universal, las carreteras, los servicios sociales… En definitiva, todo cuanto necesitamos como sociedad. Además, son la herramienta básica para redistribuir la riqueza y generar cohesión en España.

Pero hay quién solo entiende España desde el patrioterismo y la bandera, como es el caso de Ciudadanos, partido con el que ha pactado el PSOE la reforma del impuesto de Sucesiones para favorecer a los que más tienen.

Esta reforma alimenta a quienes aseguran que “se nos roba con los impuestos” o a quienes afirman insolidariamente que “aquel que quiera ir a la universidad o al centro de salud debe pagárselo”. El PSOE, aceptando esta reforma, se acerca a esas posiciones que lamentablemente abundan, más de la cuenta, entre gente que no podría jamás pagar a una empresa lo que el Estado le garantiza gracias a la vía contributiva.

Porque debe quedar claro que este es un debate profundamente ideológico entre los que quieren que solo puedan acceder a los servicios básicos quienes puedan pagárselos y quienes defendemos un Estado fuerte, capaz de dar respuesta a todas las necesidades básicas de la ciudadanía de forma igualitaria redistribuyendo la riqueza.

Para Izquierda Unida, la reforma fiscal justa y progresiva es una cuestión prioritaria y estaremos siempre dispuestas a hablar para hacer que pague más quien más tiene, pero nunca lo contrario como es el caso. El PSOE se abraza a Ciudadanos con esta reforma del impuesto de Sucesiones atacando una medida fiscal justa que responde a un aforismo fundamental: “De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Por eso, nos tendrá enfrente.

Alvaro Sanz Remón, Coordinador General de IU Aragón