Es largo el camino que nos queda por recorrer. Esa hola reaccionaria que nos acosa en los últimos tiempos, ese españolismo visceral, envuelto en banderas, que resurge a golpe de autos judiciales y de recorte de libertades, ha hecho que el PP y la derecha hayan recuperado el nacionalcatolicismo que creíamos superado.
Sólo así se entienden las enseñas nacionales a media hasta en señal de duelo por la muerte de cristo, la presencia de ministros/as, alcaldes y alcaldesas y demás cargos públicos en procesiones y eventos religiosos, con cántico a voz en cuello del himno de la legión al cristo de la muerte incluido.
Esta gente nos vuelve al pasado. Genio y figura, faltaría más. Este país ha tenido al catolicismo como religión oficial desde el S XV hasta que, en 1931, la República declaró que “ El Estado español no tiene religión oficial (Artº 3 Constitución de la II República)». Franco, decidió que “la religión católica, apostólica, romana era la única de la Nación española” y completó la cosa decidiendo por decreto que, además de ser la religión del estado, el catolicismo gozaría de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico. Nada más y nada menos que de conformidad con cosas tan democráticas como los derechos divino y canónico.
Acabada la guerra, que no la represión genocida y salvaje, el nacionalcatolicismo exigía que un español decente tenía que ser católico. La iglesia católica fue el brazo ejecutor de la estricta moralidad religiosa que se impuso a toda la sociedad.
El régimen requería de misas, procesiones, grandes celebraciones de festividades religiosas, campañas contra la blasfemia…. Se disfrazaron de actos de fervor religioso eventos relacionados con la tragedia colectiva que se vivió. Se hicieron misas y funerales por los caídos en la Santa Cruzada que, como ejemplo claro de connivencia con la jerarquía católica, fue «declarada» la guerra.
El franquismo y la iglesia se utilizaron mutuamente. La iglesia era una herramienta de control social con lo que ayuda a consolidar el estado y la iglesia se beneficia porque el resultado último era una sociedad católica.
Franco, lo decían hasta las monedas, fue «caudillo por la gracia de dios», se le dio derecho a entrar bajo palio en las iglesias y catedrales y hasta convivió con el brazo incorrupto de Santa Teresa que estaba en su dormitorio.
La Iglesia fue determinante para imponer el nacionalcatolicismo. Ayudó a lavar la imagen de asesinos que, en nombre de dios (recordemos que se denominó la guerra cruzada), dirigidos por Franco, salvaron el cristianismo. Las víctimas fueron culpables.
El catolicismo es exponente claro de una sociedad patriarcal, hace una clara distinción de género y relega a la mujer a un papel secundario y marginal. La iglesia estimula la desigualdad social. Es natural que haya ricos que necesitan pobres para ejercer la caridad.
Todo ello provocó una estructuración de la sociedad acorde con esos principios y valores. Se hizo una clara distinción de género que sigue en nuestra sociedad. Se atribuyeron diferentes papeles al hombre y a la mujer.
La mujer debía seguir el modelo de madre y esposa de la virgen María y el hombre era el monje-soldado victorioso y capaz. Así, de la mano de una represión brutal, se implantó una sociedad conservadora y tradicional. Esa sociedad que se representaba con un toro ibérico, macho, viril, con casta, capaz de embestir, pero nacido para morir.
Pasó el régimen genocida, llegó la Constitución de 1978 y, algunos/as creímos que empezaba el camino hacia un Estado Laico. Ese camino está lleno de aristas, de trampas legales y cuenta con esa inestimable ayuda para todo lo reaccionario que es la tradición y la costumbre.
Es verdad que la Constitución dice, en su Artº 16, que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Nunca entendí por qué la “ideológica” tiene que estar vinculada a las de la religión y el culto, pero bueno, así está y ya no persiguen a quienes no son católicos.
El punto 3 de ese artículo 16 ya tiene su cosa. Fruto del “pacto constitucional” que dice que “los poderes públicos mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”. Aquí está lo que justifica el Concordato, la financiación y demás. No se “declara” oficial ninguna religión pero, es evidente, se declara constitucional la “predilección” por la católica.
La cosa se remata en el Artº 27.3 de la Constitución que es ese que dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pues aquí está lo otro que faltaba, la enseñanza concertada que es un negocio de la iglesias y que es la que papás y mamás reclaman, pagada por todos y todas, para que sus hijos e hijas no sean “adoctrinados/as” por el estado.
Y así estamos. Queda mucho por hacer, mucho debate y espacio social que ganar y mucho, mucho que cambiar para que este país llegue a ser laico y republicano.
Pero seguiremos.
Adolfo Barrena (pensionista)
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